La controvertida situación en la Zona Hotelera de Cancún ha generado un intenso debate entre los habitantes locales, el sector hotelero y el propio Fonatur. A pesar de la oposición generalizada, se ha iniciado un proceso de sobredensificación en la zona, especialmente evidente con la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que actualmente regula el crecimiento de la ciudad.
El proyecto en cuestión, denominado Península Cancún, ha desencadenado una serie de preocupaciones y críticas. Las modificaciones propuestas para el campo de golf y otros polígonos han sido objeto de fuerte rechazo tanto por parte de los residentes como de los hoteleros de la región. Incluso el Fonatur ha expresado su preocupación, argumentando que la zona ya no tiene la capacidad para soportar más desarrollos, lo que conduciría a una sobredensificación y tendría graves implicaciones ambientales, especialmente para la laguna Nichupté y su entorno.
El proyecto en sí contempla la construcción de una amplia gama de estructuras, desde residencias individuales hasta condominios, sumando un total de mil 378 viviendas y 850 cuartos de hotel, además de una extensa área comercial sobre el actual campo de golf Pot Ta Pok. La inversión estimada asciende a 16 mil 422 millones de pesos, con una significativa porción destinada a medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental.
La responsabilidad del desarrollo recae en la empresa Hazama Corporation Desarrollo de Turismo, que busca transformar un terreno de 119.7 hectáreas en una mezcla de usos hoteleros, comerciales y residenciales. Sin embargo, la propuesta ha enfrentado resistencia debido a su impacto potencial en el medio ambiente y la infraestructura existente.
La controversia se intensificó con la aprobación del nuevo PDU en 2022, el cual ha sido impugnado por un amparo ciudadano debido a su falta de consulta pública y sus cambios significativos con respecto a versiones anteriores. Los residentes, asistidos por organizaciones como el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), argumentan que el PDU viola el derecho humano a un medio ambiente saludable y plantea preocupaciones sobre la seguridad jurídica.
En octubre de 2023, las protestas de los residentes de Pok Ta Pok evidenciaron el malestar generalizado con las modificaciones al PDU, que permitían la construcción de hasta 30 viviendas por hectárea en áreas anteriormente designadas como de conservación. Este caso destaca la importancia del PDU como instrumento de regulación urbana y su impacto en la planificación y desarrollo de las ciudades.
